MALA DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR.

Más de 30 funcionarios que no están registrados como situación de pobreza fueron incluidos para ser beneficiados.

Entrega de la canasta familiar a moradores de la zona de El Porvenir.

EL Perú es uno de los países más afectados por el coronavirus, esto ha traído graves consecuencias y preocupación en la población, ya que mediante el Decreto Supremo n.° 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un periodo de noventa días, estableciendo a su vez, medidas de prevención y control para evitar la propagación del Covid-19.

Por lo tanto, personas de bajos recursos se vieron perjudicados frente a esta medida sin poder trabajar durante unos meses. Debido a este problema, el Estado entregó canastas básicas a las municipalidades de los distritos con el fin de identificar y distribuir a familias en situación de pobreza.

Uno de los lugares beneficiados por esta entrega es el distrito de El Porvenir, ubicado en la provincia de Trujillo, región La Libertad, para que puedan brindar el apoyo a familias en condición de pobreza, sin embargo, el primer punto en el informe de control de La contraloría indicó que la municipalidad no ha realizado una correcta identificación y priorización de los beneficiarios de canastas básicas familiares, al incluir a 41 funcionarios o trabajadores públicos que no son trabajadores independientes y que no tendrían condición vulnerable.

Además, en el punto 2 mencionan que el registro de la entrega no se encuentra visados por el responsable municipal de la zona de distribución y un representante vecinal o comunal, afectando el adecuado y transparente desarrollo de proceso de distribución de las canastas.

Por otro lado, en un segundo informe indica que la entidad no ha registrado la información de las contrataciones y beneficiarios de la canasta en el aplicativo informático “Plataforma para la transparencia de la gestión pública en la emergencia sanitaria covid- 19”, afectando la transparencia en el uso correcto de los fondos públicos y el control social por parte de la ciudadanía.